El INEE exige al Gobierno de la República dejar sin efectos la “suspensión indefinida” de las fechas de evaluación del Servicio Profesional Docente
En relación con el Comunicado 129 de la Secretaría de Educación Pública, del viernes 29 de mayo del presente año, en el que informa que: “con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) manifiesta lo siguiente:
1. Que esta decisión atenta contra el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias, así como de los lineamientos para regular los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD), del Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del SPD 2015-2020 y del Calendario de Evaluaciones 2015 que, en el ámbito de sus atribuciones, ha publicado el Instituto para dar transparencia, legalidad, objetividad e imparcialidad a la complementación de los procesos de evaluación en el marco del SPD.
2. Que de acuerdo con lo previsto en la Constitución y las leyes de la materia, así como los lineamientos y criterios técnicos establecidos, el INEE ha revisado y aprobado todos los elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del SPD, por lo que no tiene fundamento la razón esgrimida por la SEP como causa de la suspensión a la que alude el comunicado referido. La medida anunciada es una invasión a la competencia del INEE y vulnera su autonomía constitucional.
3. Que esta decisión es contraria al interés superior de la niñez mexicana, al no garantizar el derecho a una educación de calidad, que no solo está establecido en nuestro ordenamiento constitucional, sino también en los distintos tratados y convenios internacionales que ha celebrado el Estado mexicano.
4. Que las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de nuestro país no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad, razón por la cual la suspensión “indefinida” anunciada por la Secretaría de Educación Pública no solo vulnera la legalidad de la Reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016.
5. Que las fechas establecidas en el calendario para la realización de los procesos de ingreso, promoción y permanencia fueron cuidadosamente consultadas y acordadas explícitamente con las Autoridades Educativas competentes, a efecto de no entorpecer las jornadas cívicas propias de la vida pública nacional, por lo que no existe razón alguna de esta naturaleza que justifique dicha suspensión.
6. Que se atenta contra el derecho de casi 400,000 mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción (como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico), así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito.
Con base en lo anteriormente expuesto y por considerar que no existe justificación alguna, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación conmina al Gobierno de la República para que deje sin efectos la decisión de “suspensión indefinida” anunciada, y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido.
Hoy más que nunca tanto el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las autoridades educativas, en su carácter de instituciones públicas, así como la sociedad civil y el magisterio nacional, debemos estar a la altura de las exigencias del país para defender la legalidad y cumplir con la obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.
